Hace exactamente 50 años, el principal recurso de explotación de Chile, como es el cobre, fue nacionalizado por el entonces Presidente de la República Salvador Allende.
Por la envergadura de semejante gesta popular, la nacionalización del cobre se considera como la segunda independencia del país.
El 11 de julio de 1971, 87 kilómetros al sur de Santiago, y más específicamente desde la Plaza de los Héroes de Rancagua, el entonces mandatario Allende se pronunció con un histórico discurso en el que se dirigió a un grupo de mineros: "Hoy es el día de la dignidad nacional, y es también el día de la solidaridad", exclamó.
En ese sentido, el presidente aseguró que ese día se rompía “con el pasado” y que empezaba “el camino definitivo de la independencia” de Chile, en términos políticos pero también en términos económicos.
A raíz de esta gesta, el entonces Jefe de Estado de los Estados Unidos, Richard Nixon, junto con su secretario de Estado, Henry Kissinger, pusieron a Allende en la lista negra de mandatarios de países en vías de desarrollo con intereses contrapuestos a los de la primera potencia mundial.
Tanto fue así que a partir de esto, el ex mandatario norteamericano montó un proyecto denominado “operaciones encubiertas”, cuyo fin era el de derrocar al entonces presidente chileno. Finalmente, el operativo se llevó a cabo, y el 11 de septiembre de 1973 se produjo el Golpe de Estado en Chile, que terminó con el derrocamiento de Allende y también con su muerte.
Durante muchos años se intentó nacionalizar el cobre. Allende, como senador de Santiago, presentó el primer proyecto en 1961, y tras no prosperar lo hizo nuevamente en 1964.
Finalmente, en 1970, luego de asumir como Presidente de la República, el exmandatario envió al Congreso el Proyecto de Reforma Constitucional y seis meses más tarde, tras ser aprobado, se convirtió en ley.
Tras el Golpe de Estado de 1973, las políticas de Salvador Allende, que preocupaban a los Estados Unidos, se dejaron de implementar con la irrupción de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, quien devolvió todos los recursos naturales nacionalizados al sector privado.
Eso fue llevado a cabo sin perjuicio de que en la Constitución se le otorga al Estado chileno el “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”, ya que el gobierno de facto sancionó la Ley Orgánica Constitucional que le dio a las mineras privadas plena concesión sobre la mayor parte de los yacimientos de cobre.