La Cámara de Diputados aprobó durante la jornada de este martes el proyecto que tiene como objetivo indemnizar a todas las víctimas del denominado estallido social surgido el 18 de octubre de 2019.
Según lo informado por el legislador del Partido Comunista (PC) Boris Barrera, lo que se busca con esta normativa es reducir el estándar probatorio para que todas las víctimas de la revuelta puedan acceder a la justicia reparatoria.
Como base para fundar esta norma, se toma en cuenta la falta por parte del Estado chileno en no proteger las integridades físicas y psíquicas de los manifestantes del estallido, como así también el incurrir en la infracción del deber de protección del derecho a la vida de las personas que fallecieron durante la revuelta.
Según lo dispuesto, se entenderá como víctimas a todas aquellas personas que, durante el contexto del estallido social, de manera individual o colectiva, sufrieron lesiones físicas o psíquicas, producto de mutilaciones, golpes, apremios ilegítimos, violencia sexual, vejaciones o torturas, y también a quienes hayan fallecido como consecuencia de estas prácticas provenientes de agentes del Estado, por acción u omisión.
También se establece que se considerará víctima a aquellos individuos que hayan participado o no de las movilizaciones activamente y también a los familiares inmediatos o personas a cargo de los afectados. Se determinó también que la indemnización deberá ser proporcional y apropiada al grado de vulneración sufrida.
En relación con los requisitos que deberán cumplir los interesados para establecer la responsabilidad del Estado, la víctima tendrá que acreditar los hechos que, por acción u omisión, han generado el daño denunciado ante un tribunal competente, siempre y cuando sean del contexto del estallido social y provenientes de agentes del Estado.
Asimismo, la iniciativa estipula los procedimientos que deberán hacerse para que se apliquen los beneficios de la norma, que determina la imprescriptibilidad de las acciones de la ley e incorpora el privilegio de pobreza.
La norma también contempla el daño moral sufrido por las víctimas y establece que no se deberá probar sino que se presumirá. Sobre este daño, el tribunal correspondiente deberá determinar la cuantía. En relación con la configuración de la responsabilidad del Estado, la normativa indica que los requisitos se entenderán acreditados por el solo ministerio de la ley.
Sobre esta iniciativa se han pronunciado sectores a favor y en contra. Los que apoyaron la moción lo hicieron con el argumento de que el Estado tiene que asumir la responsabilidad y evitar la repetición de los hechos. En tanto, los que se opusieron añadieron que también quienes sufrieron saqueos por parte de los manifestantes merecen tener una reparación.