El Gobierno fue contra el presidente del directorio de la Clínica Las Condes, Alejandro Gil, por medio de una denuncia. Esto fue así porque el mismo fue vacunado una tercera vez contra el COVID-19 cuando este ya había sido inoculado por completo, con la primera y la segunda dosis.
Las subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y de Salud Pública, Paula Daza, firmaron la acción judicial y fue ingresada ante la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Se acusa a Alejandro Gil de contravenir “los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria”, al exigir en la clínica que preside que le inyectarán una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
“La dosis supuestamente apropiada por el señor Gil se encontraba en poder de la Clínica Las Condes, únicamente debido a que le había sido entregada en administración por la autoridad sanitaria con la obligación de que dicho establecimiento de salud, la suministrara estrictamente en forma y condiciones que la autoridad señale”, señala la denuncia expuesta.
La subsecretaría de Prevención del Delito manifestó que lo que hizo Gil se considera un delito y que este habría llevado a cabo “acciones directas destinadas a asegurar la impunidad de su actuar, presentando un certificado médico con fecha 5 de julio de 2021, dos días después de que ya había exigido la inoculación".
"Además, despidió a la funcionaria Carla Andrea Garrido que, cumpliendo con las exigencias que impone la autoridad sanitaria, informó del Evento de Error de Programación mediante un formulario a la Seremi Metropolitana de Salud", completó en su acta emitida al fiscal Manuel Guerra.
"Los hechos indicados, además de configurar la comisión de los delitos indicados, perjudica directamente al grupo más vulnerable de nuestra población, a quienes se destina dicha inoculación, esto es, niños, niñas y adolescentes", concluye.
Tras lo ocurrido, la seremi de Salud de la Región Metropolitana está ejecutando un sumario sanitario en contra de la clínica de Gil.