Luego de un intenso debate, la institución presidida por Elisa Loncón y Jaime Bassa dio lugar a la propuesta titulada "La Convención Constitucional, a los órganos del poder constituido sobre la prisión política en Chile y la militarización del Wallmapu". Fue concedida con 105 votos a favor, 34 negativos y 10 abstenciones.
A raíz de esta decisión, algunos funcionarios políticos han expresado su descontento. Uno de ellos fue Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, quien sostuvo que en el país "no hay presos políticos".
Tras conocerse la votación definitoria, Juan Francisco Galli se refirió a las declaraciones de los convencionales durante la sesión. "Escuché a personas que decían que había que indultar a la personas que están privadas de libertad para dar señales políticas. ¿Cuáles son las señales políticas?", indicó.
En ese sentido, el funcionario público insistió en saber sobre el futuro de aquellos que han realizado saqueos y ataques violentos durante el estallido social y en los últimos días. Es por eso que, Galli definió que "las señales tienen que ser claras".
"¿Acaso vamos a declarar impunes a quienes entraron a saquear una ferretería? ¿Vamos a declarar impune a quienes atacaron a automovilistas? ¿A declarar impunes a quienes ocuparon armas de fuego y atacaron a cuarteles policiales?", expresó Juan Francisco Galli.
Además, el subsecretario sostuvo que "nos corresponde perseguir, detener y poner a disposición de la justicia a quienes cometan delitos y particularmente a quienes cometan delitos violentos". Asimismo, dejó en claro que la violencia debe ser extirpada de nuestra convivencia social.
La declaración de la Convencional Constitucional
En el documento aprobado se pide, expresamente, la máxima celeridad para la tramitación del proyecto de ley de indulto general que se encuentra en el Congreso. Además, se solicita el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan a la Ley de Seguridad del Estado.
Otro de los puntos solicitados es la "inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche". También, se hace hincapié en el pedido del "indulto en el caso de las Regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche".