Durante la tarde del pasado miércoles 28 de septiembre, el oficialismo junto con los espacios de la centro izquierda que lo integran publicaron el acuerdo que alcanzaron respecto de las características que definirán el nuevo proceso constituyente a la que ya le pusieron un nombre.
"Propuesta para una Nueva Constitución Democrática y de Derechos", fue la denominación que el oficialismo le puso a este acuerdo que busca redactar y sancionar una nueva Carta Magna. Para eso, los partidos que firmaron este acuerdo establecieron seis puntos para cumplir con el objetivo.
“Los partidos firmantes reafirmamos el profundo compromiso con los cambios que nuestro país exige y con una nueva Constitución Política que dé cuenta de un nuevo pacto social inclusivo, justo y respetuoso de las distintas miradas de nuestra Patria”, sostienen desde el oficialismo.
“Los partidos firmantes reafirmamos el profundo compromiso con los cambios que nuestro país exige".
En esa línea, los firmantes señalan la importancia de “continuar con el proceso constituyente y entregar prontamente certezas que nos permitan avanzar hacia las garantías públicas que le den un mejor vivir a la ciudadanía”, y para eso el oficialismo propone seis puntos claves.
Los seis puntos propuestos
En primer lugar, se propuso que el órgano encargado de redactar la Nueva Constitución sea “100 por ciento electo”. “Resulta esencial al contenido del acuerdo para las presentes fuerzas políticas la determinación del carácter 100% electo del órgano constitucional, tal como lo mandata el plebiscito de octubre de 2020”, reza la propuesta.
Fuente: (YouTube/24 horas).
Por otra parte, se agrega que el órgano debe ser “paritario con participación de pueblos indígenas e independientes”, y deben respetarse los “principios institucionales”, es decir respetar el carácter unitario del Estado de Chile. A su vez, y en cuarto, quinto y sexo lugar respectivamente, se propuso que el proceso debe ser “constitucional participativo”, es decir que las personas participen del debate, que haya un “comité técnico de expertos y expertas” y, por último, debe haber un “itinerario constitucional”, que considere la elección de representantes en abril del año que viene, que el órgano funcione por un plazo no mayor a seis meses y que el plebiscito de salida sea en diciembre de 2023 con voto obligatorio.