El Caso Convenios sigue avanzando, y el pasado jueves 13 de julio, se pudo conocer que, luego de una resolución dictada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, el Minvu pondrá fin a los tres contratos que suscribió con la fundación Democracia Viva.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, fue el encargado de comunicar que además, la fundación que está vinculada a funcionarios y militantes de Revolución Democrática, deberá devolver los fondos públicos con los que se vio beneficiada, y que significaron el punto de partida del llamado Caso Convenios.
El titular de la cartera de Justicia, informó que Democracia Viva tendrá un plazo de 30 días para restituir el dinero. Cabe mencionar que la fundación recibió 426 millones de pesos a través de tres convenios que realizó con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Ahora se conoció que de este dinero la institución deberá devolver $391 millones, según confirmó el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
De acuerdo a información brindada por “La Tercera“, Carlos Montes especificó: “(El monto a restituir) corresponde al por ciento del total transferido por la cartera, esto porque a la fecha de la liquidación los recursos correctamente rendidos, no observados y ejecutados por parte de la fundación alcanzan justamente un 8 por ciento del total”.
Tendrá que restituir el dinero que recibió y que no había usado hasta ahora.
Con esta resolución, la primera fundación que se ha empezado a investigar en el marco del Caso Convenios, por lo menos tendrá que restituir el dinero que recibió y que no había usado hasta ahora. En detalle, a mayo del 2023 había rendido un 27por ciento de los convenios firmados. Mientras que los avances estimados a los tres proyectos eran de entre 30 por ciento y 47 por ciento.
El origen del Caso Convenios
El controversial Caso Convenios estalló luego de que se conociera que el anterior seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, firmó los contratos con Democracia Viva, cuando fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, mientras que el representante legal de la fundación era Daniel Andrade, la pareja en ese entonces de la parlamentaria. Además, todos estos involucrados pertenecían al partido Revolución Democrática por lo que la Fiscalía inició una investigación de oficio.