Este martes 4 de julio, desde la Fiscalía Regional del Bío Bío, informaron que se iniciaron de oficio dos investigaciones para esclarecer la presunta existencia de irregularidades y delitos en el traspaso de recursos a dos fundaciones, disposición que la Justicia toma en medio del caso Convenios que sigue generando repercusiones en el Gobierno Nacional.
En un comunicado que la Fiscalía Regional del Bío Bío lanzó a través de la cuenta oficial de Twitter, detalla que uno de los procesos investigativos lanzados, indaga eventuales irregularidades en los aportes realizados por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) a la fundación Urbanismo Social.
Están a cargo de la fiscal de anticorrupción, María José Aguayo.
En cuanto a la segunda, la cartera judicial detalló que involucra al Gobierno Regional y la asignación de recursos a la ONG Red Cultivarte. Al momento, ambas investigaciones se resguardan en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Bío Bío, y están a cargo de la fiscal de anticorrupción, María José Aguayo.
El caso Democracia Viva
El proceso iniciado por la Fiscalía Regional del Bío Bío, suma una polémica más al caso Convenios, surgido en junio, cuando saltó a la luz que Carlos Contreras, un funcionario de la Secretaría de vivienda de Antofagasta, y afiliado a Revolución Democrática, entregó fondos públicos por unos 530.000 dólares a la Fundación Democracia Viva, vinculada con la misma organización política y representada legalmente por Daniel Andrade, quien era pareja de la diputada Catalina Pérez.
Cabe mencionar que el caso Convenios ha dejado en la mira al Gobierno Nacional, puesto que Revolución Democrática es uno de los principales partidos de la coalición del presidente Gabriel Boric. Lo encabeza el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, amigo del Jefe de Estado, desde sus tiempos universitarios.