El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, respondió a la acusación constitucional que se tramita en su contra en la Cámara de Diputados. Asimismo, resaltó que no cumple con los requisitos para ser acogida y expresó los puntos deficientes de esta herramienta legal en contra el Mineduc.
Uno de los puntos expone que no se han requerido otras herramientas para fiscalizar el actuar del ministro. En ese sentido, el abogado de Marco Antonio Ávila, expuso: "Ninguna de esas acciones han sido interpuestas en su contra, ni tampoco ha cometido hechos graves de infracción o inejecución de la ley o de faltas a la Constitución que lo ameriten".
Irregularidades en la acusación
El defensor legal del ministro explicó también que otra irregularidad en este escenario es el hecho de atribuirle a Ávila aspectos fuera de su competencia, como la gestión de la Junaeb. Respecto a esta entidad y las empresas a cargo de la alimentación, la defensa sostuvo que "se realizan en el marco de la Ley de Compras del Estado y que no existen cuestionamientos en Contraloría sobre la fórmula aplicada".
Otra irregularidad en este escenario es el hecho de atribuirle a Ávila aspectos fuera de su competencia.
Sobre presuntas infracciones en la implementación y ejecución de los programas de ESI por ir en contra "del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos", el abogado de Marco Antonio Ávila explicó que os apoderados deciden sobre el mismo al elegir dónde matricular, así como en la educación informal de la casa. Además, resaltó que todas las charlas y talleres no son obligatorias.
Otra aclaración que hizo el abogado en defensa de Marco Antonio Ávila tiene que ver con la posible exclusión de estudiantes con discapacidad. Respecto a ello, ennumeró actividades, acciones y leyes como la Ley TEA, como subsidios destinados en necesidades educativas especiales.