Carolina Arredondo, quien fue nombrada recientemente como ministra de las Culturas por el presidente Gabriel Boric, está en la mira de la bancada de diputados de Renovación Nacional, por supuestos juicios y contratos con el Estado.
El pasado miércoles 16 de agosto, Gabriel Boric realizó una serie de cambios en su gabinete, y allí asumió la actriz Carolina Arredondo como titular del Ministerio de Culturas, lugar que anteriormente era ocupado por Jaime de Aguirre.
Según ha informado “24 Horas”, cuándo han pasado tan sólo dos días desde la asunción de Carolina Arredondo, este viernes, parlamentarios de Renovación Nacional oficiaron a la Controlaría General de la República, para que se pronuncie respecto a la presunta incompatibilidad en su nombramiento.
Tras oficiar a la secretaría de Estado para aclarar su vínculo con una fundación que recibió millonarios fondos municipales en 2022, ahora los diputados recurrieron al ente contralor apuntando a un litigio vigente que sostiene una sociedad con persona jurídica, en la que la flamante ministra figura como representante, con la municipalidad de Providencia.
De acuerdo a lo expuesto por la bancada de Renovación Nacional, el juicio, que está en tramitación, responde a un contrato suscrito en 2019 entre Carolina Arredondo y Guzmán Limitada y Providencia, en la que la primera recibió más de 30 millones de pesos “con objeto de brindar dicho servicio de capacitación a un número determinado de edificios de la comuna”.
"La Sra. ministra integra una sociedad que es adjudicataria de recursos provenientes de una municipalidad".
En el escrito presentado, la bancada señala que “la Sra. ministra integra una sociedad que es adjudicataria de recursos provenientes de una municipalidad, desempeñándose ella como su representante y muy posiblemente como trabajadora de esta, lo que permitiría afirmar que ejerce un empleo o comisión retribuido con fondos municipales”.
Y añaden que “en dicho orden de ideas, parece ser esta norma un mandato general que prohíbe la asunción del cargo de ministro cuando se desempeña una actividad económica que es financiada con recursos fiscales, lo que parece adecuado en miras a que prevalezca la probidad y no existan conflictos de interés en el ejercicio de la Función Pública”.
“Incompatibilidad para el ejercicio del cargo”
Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de Renovación Nacional indicó que "debemos establecer si la ministra está en condiciones de asumir el cargo, ya que al parecer hay conflictos de intereses. De los recursos públicos obtenidos vía fundación ya responderá, pero en lo inmediato sería bueno conocer si puede ejercer el cargo de ministra. Nuestra constitución es especialmente estricta en ello tratándose de ministros y parlamentarios".
Por su parte, la subjefa de bancada, Marcia Raphael, expresó que: “al parecer la ministra tiene juicios y contratos pendientes con el Estado que podrían ser una barrera para el ejercicio de su cargo. De ahí que nos parece conveniente y necesario pedirle al contralor general que evacue un dictamen señalando si en efecto la ministra tiene una incompatibilidad para el ejercicio del cargo".
El diputado Andrés Celis explicó. “Hemos decidido oficiar a la CGR a fin de que está pueda determinar si existe incompatibilidad entre el cargo de Ministra de las Culturas y la calidad de socia (y por tanto propietaria) de una empresa que presta servicios al estado (en el mismo rubro) y que ha percibido y pretende seguir recibiendo recursos públicos de una municipalidad”.
“Resulta extraño que al momento de asumir el cargo no se haya evaluado el hecho que una ministra de Estado tenga demandado a una institución pública como la Municipalidad de Providencia, ya que a todas luces esto genera un conflicto de intereses evidente".
Finalmente, los diputados manifiestan: “Resulta evidente que la prohibición de celebrar contratos no debe entenderse solamente ex post, como exclusivamente referida a la suscripción formal, y que en la medida que el vínculo contractual se mantenga vigente, quien ingresa a la Administración en calidad de ministro incumple la norma constitucional de persistir dicho contrato con el Estado”.