Este miércoles 2 de agosto, la Cámara de Diputados ha votado un proyecto que solicita al presidente Gabriel Boric, considere pedir la renuncia a Giorgio Jackson, en medio del escándalo por el robo de los 23 computadores y una caja fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
El proyecto, que fue propuesto por la bancada del Partido Republicano, fue finalmente aprobado, con 68 votos a favor, 52 votos en contra y cinco abstenciones. El Parlamento decidió de esta forma que Gabriel Boric debe plantearse intervenir, y solicitar a Giorgio Jackson dejar su puesto de titular de la cartera que padeció los hurtos.
De acuerdo a información brindada por el portal de noticias “24 Horas”, el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, expresó que "es evidente que el desempeño del ministro Jackson, en los distintos ministerios que ha estado, no solo ha sido deficiente, si no que mucho más malo que eso”.
“Ha sido un lastre para el Gobierno y para muchos niños y las familias más necesitadas que necesitan del buen funcionamiento del Ministerio", dijo contundente el funcionario, siguiendo la línea del documento aprobado, que plantea una "deficiente gestión" por parte de Giorgio Jackson.
"Los derechos de los niños y adolescentes se ven comprometidos".
"La falta de resultados efectivos, la insuficiente asignación de recursos y la falta de transparencia en la administración de los mismos, han llevado a una situación preocupante en la que los derechos de los niños y adolescentes se ven comprometidos", expone el texto.
Por otra parte se acusa de "grave vulneración de los derechos de los niños y adolescentes". "Se han registrado casos alarmantes de negligencia y falta de seguimiento adecuado en la atención a menores en situación de vulnerabilidad, exponiéndolos a situaciones de riesgo y violencia", añade.
Una vinculación con el Caso Convenios
Sobre el final del documento, la bancada de Partido Republicano le atribuye Giorgio Jackson, una presunta participación en el Caso Convenios, y señala: "El ministro tiene una directa vinculación con el partido político Revolución Democrática, el cual ha sido objeto de cuestionamientos debido al Caso Convenios, generando dudas sobre la honestidad y transparencia en el manejo de fondos públicos y su posible utilización con fines partidistas, lo cual afecta la confianza ciudadana en las instituciones”.