Uno de los asuntos que más preocupa actualmente al Gobierno Nacional es el escandaloso Caso Convenios, en el que se investiga el traspaso de dinero público a diferentes organizaciones del ámbito privado, entre las que figura la fundación Democracia Viva.
Tras una denuncia que se hizo de público conocimiento meses atrás, se inició la pesquisa y hace unas horas investigadores han lanzado un lapidario informe sobre las irregularidades en el traspaso del fondos del Estado a Democracia Viva.
El portal de noticias “24 Horas”, tuvo acceso al documento y reveló que Contraloría detectó que el 12 de Julio del año pasado Carlos Contreras, Seremi de Vivienda de la época, fue quien pidió enviar un correo de invitación a dos fundaciones para evaluar su incorporación como organizaciones colaboradoras, entre ellas, Democracia Viva.
El contacto habría sido realizado con Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez, de Revolución Democrática. Carlos Contreras asegura que no existieron irregularidades, pero el informe de Contraloría no evidencia lo mismo: "Vulneró el principio de probidad… lo que le restaría imparcialidad", añadiendo que "le asistía el deber de abstenerse" del proceso vinculado a la entidad privada.
La exautoridad debió informar su vínculo y militancia política común con el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade. Ambos, son ahora ex miembros de Revolución Democrática, y están vinculados a la diputada Catalina Pérez, ya que Carlos Contreras, fue su exjefe de gabinete, y Daniel Andrade, como ya se dijo, expareja de la parlamentaria.
Otros puntos relevantes del informe
Entre los puntos del informe que ha publicado el medio antes citado, se constata, por ejemplo "la inexistencia de un procedimiento formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos del Programa Asentamientos Precarios", por otra parte, habla de una falta de llamados públicos a participar.
"No mencionan los fundamentos que justifiquen la designación de los proyectos a dicha entidad".
Además Contraloría enfatiza en que los tres convenios asignados a Democracia Viva, de parte de Seremi Minvu y Serviu, por un total de 426 millones de pesos, "no mencionan los fundamentos que justifiquen la designación de los proyectos a dicha entidad, además que no se aportaron otros antecedentes que acrediten tal motivación de tal elección, considerando la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar".