El Ministerio Público ha iniciado una investigación en respuesta a una denuncia presentada por el partido Renovación Nacional (RN), en vinculación con presuntos delitos que tendrían que ver con la entrega de pensiones de gracia a individuos con antecedentes penales.
La denuncia, presentada por RN ante el Consejo de Defensa del Estado, acusa específicamente fraude al fisco y prevaricación. La acción legal surge a raíz de un informe de Contraloría que destapa que 58 personas, a pesar de tener antecedentes criminales, fueron beneficiarias de las pensiones de gracia.
Este relevante hallazgo fue dado a conocer por el diario La Tercera, medio que ha destacado que la Fiscalía llevará a cabo los trámites para examinar detalladamente el informe de Contraloría, aunque hasta el momento no se han identificado situaciones constitutivas de delito.
Es importante señalar que Contraloría también reveló que al menos diez beneficiarios no presentaron informes médicos respaldando su categorización como víctimas de derechos humanos, requisito para recibir las pensiones de gracia.
La presentación de la denuncia por parte de RN ante el Consejo de Defensa del Estado fue liderada por los diputados José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper.
En el documento, solicitan la recopilación de todos los antecedentes necesarios para evaluar acciones penales contra aquellos responsables de los posibles delitos de fraude y prevaricación administrativa que afecten el patrimonio fiscal y la integridad de la función pública.
Una exigencia a Boric
Los mencionados parlamentarios de oposición exigen al presidente Gabriel Boric la anulación de los decretos que concedieron las pensiones de gracia cuestionadas, instando a tomar acciones civiles para recuperar los recursos del Estado, indebidamente percibidos.
Comparan los hechos revelados por el informe de Contraloría con el caso "Falsos exonerados".
Los legisladores comparan los hechos revelados por el informe de Contraloría con el caso "Falsos exonerados", ocurrido en 2008, donde una auditoría del ente fiscalizador descubrió que muchos de los beneficiarios no cumplían con los requisitos legales.
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