En una declaración que ha generado gran expectativa, la Ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció este domingo 28 de enero, la revocación de 25 pensiones de gracia otorgadas a personas con prontuario delictual.
Esta medida que fue adelantada por Carolina Tohá, surge en medio de la polémica que rodea la entrega de este beneficio y en respuesta a una investigación del Ministerio Público que busca esclarecer posibles delitos en el proceso.
La titular de la cartera del Interior comentó que en los próximos días se llevará a cabo la anulación de estas pensiones de gracia, subrayando la necesidad de revisar otros casos. La fiscalía nacional, Ángel Valencia, señaló que en este contexto podrían configurarse delitos como fraude de subvenciones o prevaricación administrativa.
En una entrevista en el programa "Mesa Central", Carolina Tohá aclaró que no todas las pensiones de gracia serán dejadas sin efecto, especialmente aquellas concedidas a personas con pérdida ocular. El Gobierno ha tomado la decisión de mantener estas pensiones, considerando que algunos daños tienen tal cuantía que no resulta relevante tener antecedentes penales.
Las críticas hacia la gestión gubernamental en este asunto persisten.
A pesar de las declaraciones de Carolina Tohá las críticas hacia la gestión gubernamental en este asunto persisten. El Instituto Nacional de Derechos Humanos envió un oficio al Presidente Gabriel Boric, expresando su incapacidad para acreditar las afectaciones de los postulantes. El Ejecutivo respondió asegurando que las inquietudes fueron resueltas en instancias presenciales de trabajo junto a representantes del INDH.
Un posible tratamiento en Diputados
Ante los últimos antecedentes revelados por la Contraloría, diputados de la UDI anunciaron la presentación de un oficio para solicitar una sesión especial en la Cámara Baja que vote el proyecto destinado a regular el proceso de otorgamiento de las pensiones de gracia. El diputado Henry Leal, quien presidió la comisión investigadora, destacó la urgencia de resolver este tema.
En el ámbito judicial, la Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación para analizar posibles delitos en el proceso de otorgamiento de las pensiones de gracia. El fiscal nacional, Ángel Valencia, detalló que podrían configurarse delitos como fraude de subvenciones o prevaricación administrativa en este caso.
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