Hay un nuevo antecedente que aporta información importante para el caso Procultura que ha puesto en juego la imagen del presidente Gabriel Boric. Un dato pone en duda una hipótesis que manejaba el fiscal Patricio Cooper, quien investiga acerca del financiamiento irregular de la campaña presidencial del actual mandatario.
El persecutor había solicitado sin éxito a tribunales intervenir el teléfono de Gabriel Boric a raíz de una supuesta confesión. La misma indicaba que “dineros provenientes de convenios que se adjudicó Procultura” habían terminado en el financiamiento de la campaña del actual presidente.
Según el Centro de Investigación Periodística (Ciper), el antecedente que exponía Cooper tiene que ver con una frase de una escucha telefónica, donde una proveedora de nombre Lucía, les exigía a ejecutivas de la fundación el pago de una deuda.
En ese contexto, la mujer afirma que Alberto Larraín, director de Procultura, le dijo: “No, gasté esa plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”. Así, Cooper había interpretado que “esa plata” vendría de fondos públicos, pero la sospecha del fiscal estaría basada en un error, según expone Ciper.
Cooper había interpretado que “esa plata” vendría de fondos públicos, pero la sospecha del fiscal estaría basada en un error.
El rastreo
El mencionado medio se dispuso a rastrear el camino del dinero y descubrió que no venía de convenios entre Procultura y entes públicos, sino que se trataban de donaciones de empresas como Anglo American, Minera Candelaria y Enel. Por lo cual, no hay indicios de que “esa plata” se haya usado en la campaña de Gabriel Boric.
Asimismo, el medio descubrió que la mujer que buscaba cobrar una deuda es Lucía Bustamante, dueña de la Productora Gráfica Andros, a quien la ONG le adeudaría 41,9 millones de pesos por servicios de impresión.
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